Hace ya más de un década que viera la luz la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre).
Desde entonces han sido varias las promociones de Técnicos Superiores que nos hemos titulado en alguna de las especialidades: Seguridad, Higiene y Ergonomía y Psicosociologia Aplicada. Las campañas de sensibilización social se han ido sucediendo y se han destinado recursos públicos para dotar a organismos tales como, en Asturias, el IAPRL.
Se ha profundizado en las normativas y el control de maquinaria, utilización de EPIS, etc.… pero pese a ello los datos de siniestralidad siguen siendo dramáticamente elevados.
Ello lleva a pensar que los esfuerzos realizados no son suficientes y parece necesario abordar reformas más profundas e integrales.
El propio modelo económico y laboral en que nos movemos fomenta una precariedad en el empleo, que favorece en gran medida el riesgo de accidentalidad: Excesivas rotaciones ocupacionales, inestabilidad en el puesto de trabajo, temporalidad, etc. son factores que contribuyen a una desprofesionalización que redunda muchas veces en mayor siniestralidad. Lo mismo en cuanto a la endémica subcontratación en la cual la tarea preventiva acaba por diluirse entre unas empresas y otras.
La organización del trabajo con horario y turnos a veces ilógicos se vincula tanto a la accidentalidad como a las enfermedades psíquicas o físicas a que se expone la persona. Igualmente, puede propiciar que se produzca el accidente “in itinere”, siendo estos accidentes otro reto en materia preventiva.
Además de medidas estructurales hay otras que se deberían y podrían estar aplicando ya en estos momentos como son: el incremento significativo en cuanto a dotación humana y material de la inspección de trabajo, saturada por el volumen de sus responsabilidades.
La creación de un Cuerpo Técnico en PRL con competencia para actuar de oficio y capacidad sancionadora, desvinculados de Mutuas y empresas y pertenecientes a la Administración como funcionarios de carrera así como la puesta en marcha en cada provincia de una Fiscalía encargada de estos casos podrían ser también medidas efectivas.
Fomentar la cultura preventiva desde la etapa escolar como materia transversal a otras asignaturas (y aquí hay que decir que nuestros escolares están expuestos a múltiples riesgos, que van desde colegios mal diseñados para una evacuación, porterías de fútbol sin anclar o mochilas que desafían a la lógica de la Ergonomía).
Volviendo a las empresas, profundizar en la labor de los Delegados de Prevención, ampliar en los sindicatos la existencia de departamentos capacitados para colaborar en todos los ámbitos de la tarea preventiva, generar acciones de formación continua en prevención y, finalmente, dignificar la figura del Técnico (que hoy es la de “mujer u hombre orquesta”) ya que quien se ocupe de esta función no puede ser alguien que a su ocupación y jornada habituales añada el plus de encargarse de la PRL.
Debe ser un profesional dedicado en exclusiva, valorado y especializado. Las ofertas de empleo en el sector, habitualmente, solicitan titulación de base técnica y las tres especialidades preventivas. Ello indica que se busca a alguien que desarrolle su tarea “productiva” y se ocupe por añadidura de la “preventiva” ejerciendo todas las especialidades a un tiempo.
Eso constituye un desprecio absoluto a la Prevención y una agresión directa al espíritu de la Ley de 1995.
César Balbino Arias Álvarez
